Fuente: IProfesional – Había nerviosismo por el final de la suspensión de juicios y embargos para pymes endeudadas. A último momento, Caputo aceptó un planteo de los empresarios.
Fue un anuncio que quedó algo opacado por la andanada de novedades económicas, sobre todo en el plano cambiario, pero la prórroga de la suspensión de juicios y embargos contra pymes es considerada en el ámbito empresarial uno de los salvavidas más importantes que facilitó Toto Caputo al sector productivo.
De hecho, el nerviosismo era tal que muchos dirigentes empresariales habían advertido que se corría el riesgo de que empezara «una cacería de pymes» a partir de agosto.
Ocurre que el 31 de julio era la fecha prevista para la finalización de una resolución emitida a inicios de año, por la cual se suspendieron los juicios de ejecución fiscal y las trabas de medidas cautelares para toda persona humana y micro, pequeña y mediana empresa.
La idea original era que esta resolución calzara con la moratoria aprobada en lo que había sido el primer proyecto de la ley Bases, cuya aprobación estaba prevista para febrero. Pero el empantanamiento de la iniciativa en el Congreso determinó que la moratoria, ahora en el marco de la Ley 27.743 «Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes», llegó con cuatro meses de retraso.
Allí se establece un régimen de regularización de deudas vencidas a marzo y que también posibilitará la regularización de deudas pasibles de ejecución fiscal.
«Y como terminaba la suspensión de embargos, pero la moratoria recién se reglamentó ahora, quedaba sólo la primera semana de agosto para meterle rápido a los planes para que no te caigan los juicios, los punitorios y los honorarios», explica Gustavo Lazzari, empresario pyme y uno de los principales defensores públicos del alivio fiscal en el sector.
La situación implicaba que sólo podían ingresar a la moratoria las deudas vencidas en marzo, es decir las de los impuestos de febrero. Y entonces, las correspondientes a marzo en adelante ya empezaban a correr.
«Esto obligaba al empresario a tener que meterse rápido en la moratoria por lo viejo, y empezar a meter planes rápido por lo nuevo. Con lo cual se le acumula todo, cuando la moratoria tendría que haber salido hasta junio o mayo por lo menos», añadía Lazzari.
La perspectiva de una oleada de juicios y embargos causó preocupación al punto que la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) había pedido al ministro Caputo una reunión para plantearle la necesidad de prorrogar la suspensión de las posibles sanciones y embargos contra las pymes en situación de atraso con la AFIP.
«El pedido de CAME se enmarca en un período de fuerte contracción de la actividad y caída generalizada de ventas, con impacto sobre la capacidad de pago de las pymes. En este contexto será difícil la regularización de deudas para una gran cantidad de pequeñas y medianas empresas, lo que generará una situación extra de ahogo financiero«, fundamentó la gremial.
«Rapidez de reacción»
Finalmente, el gobierno accedió al pedido, por lo que la resolución prorrogó su vigencia por seis meses. Esto permite a los empresarios pymes analizar las posibilidades que les ofrece la moratoria que se acaba de reglamentar.
La norma alcanza a las micro, pequeñas y medianas empresas – tramo I y II -, pequeños contribuyentes, entidades sin fines de lucro y contribuyentes del sector salud. La AFIP recordó que se consideran pequeños contribuyentes a las «personas humanas y sucesiones indivisas» que estén registradas de tal forma en el organismo.
La medida fue ampliamente celebrada en el ámbito de las pymes, que están llevando la peor parte de la recesión económica. Los últimos relevamientos de CAME indican que en junio las ventas una caída interanual de 21,9%, mientras que la producción de la pequeña industria tuvo un retroceso de 20,4%, con casi un 40% de la capacidad instalada sin utilizar.
La agremiación viene realizando una prédica por el alivio fiscal del sector, tanto respecto del gobierno central como de las gestiones provinciales. Entre sus principales reclamos, figura la revisión del Consenso Fiscal 2021, por el cual miles de pequeñas empresas sufren retenciones y percepciones del Impuesto a los Ingresos Brutos de parte de jurisdicciones que no están inscriptas. También denuncian la problemática de los saldos a favor de Ingresos Brutos y reclaman un nuevo acuerdo fiscal «que impida la situación casi anárquica que se da en algunas provincias con la creación de distintas retenciones y percepciones».
Después de la prórroga dictaminada por el ministerio de Economía, hubo en el sector demostraciones de aprobación, dado que ahora las pymes endeudadas cuentan con un lapso lo suficientemente amplio como para definir una estrategia de reperfilamiento de sus pagos con el organismo tributario. La norma prevé variantes de planes de pago.
Según Lazzari, «es una buena noticia en primer término porque denota que leen la realidad y que reaccionaron rápido». Y destaca asimismo que hay, por parte del gobierno, una aceptación tácita sobre las complicaciones que sufren las pymes como consecuencia del peso tributario y la complejidad del calendario de pagos.
«Si en agosto hubieran empezado los juicios y embargos, la decisión de entrar en la moratoria hubiera sido a las apuradas para minimizar punitorios, honorarios y demás costos. Es importante entender que el tiempo y la posibilidad de pensar bien una decisión empresaria es un factor más importante incluso que la disponibilidad de recursos», agregó.
Palpitando la vuelta del crédito
Lo cierto es que los indicadores están evidenciando que las pequeñas empresas son particularmente vulnerables al momento recesivo. En los últimos días circularon informes, como el de la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (Enac), que afirma que en el primer semestre del año se constataron 10.000 cierres de pymes.
Dentro de ese panorama económico complicado, una de las mejores noticias que han recibido las pequeñas empresas es el regreso del crédito productivo, todavía incipiente pero en rápida recuperación.
Las cifras son elocuentes: hasta mediados de julio, el volumen total de préstamos otorgado por el sistema bancario había crecido un 9,8% real respecto del mes anterior. Y el rubro de crédito a las empresas lidera la expansión, con una variación intermensual de 14%. Los préstamos personales y la financiación al consumo también suben, aunque a ritmo menor.
En los bancos, hay una expectativa de que este fenómeno se intensifique en el corto plazo, como consecuencia de las últimas medidas en política monetaria. Básicamente, el hecho de que hayan desaparecido los pasivos remunerados del Banco Central -un destino que se quedaba con dos tercios del volumen total de pesos depositados por los ahorristas- hace que la banca esté regresando a un esquema más tradicional de intermediación financiera, en el cual el crédito al sector productivo funcione como la principal fuente de ingreso para el sistema.