Fuente: IProfesional – Este lunes, el sector de manufacturas celebra su jornada con críticas y reclamos al Gobierno de Milei por entender que también aporta medidas negativas.
Este lunes 2 de septiembre, la industria argentina conmemora su día en recuerdo de cuando se produjo la primera exportación de productos del territorio -que luego sería Argentina- en 1587,
La Unión Industrial Argentina (UIA) organiza el evento más trascendental de esta fecha como es tradicional y teniendo en cuenta que en esta ocasión fue inaugurado por el presidente Javier Milei.
El jefe de Estado, pronunció el discurso de apertura del encuentro que se lleva adelante en la sede de la organización empresarial y en el cual adelantó algunas medidas que las empresas locales están esperando desde que el líder libertario desembarcó con su gobierno en la Casa Rosada.
Día de la industria: Javier Milei busca mantener el rumbo
Por caso, adelantó, entre otras cosas, que en «diciembre «termina definitivamente el nefasto impuesto país»; que continuará con el proceso de achique drástico del Estado «para agrandarles el bolsillo a ustedes» y con el supuesto objetivo de mejorar la competitividad.
Sostuvo también que el impuesto PAÍS no será el único que se reducirá, aunque advirtió que el superávit fiscal «no se negocia» para evitar que la crisis económica se mantenga y se siga «arruinando nuestro potencial exportador, castigando al campo con trabas e impuestos y directamente impidiendo el desarrollo de otros sectores exportadores en los que deberíamos ser protagonistas globales como es la industria del cobre».
Milei cargó además contra gobiernos anteriores a los que acusó de perjudicar al país «porque nos obligaron a pagar más caro por productos de peor calidad, aumentando el costo de vida y reduciendo la capacidad de ahorro y en consecuencia la capacidad de inversión de todos».
Del mismo modo, hizo un recorrido sobre sus «logros» durante estos primeros 9 meses de gestión libertaria, como ciertas medidas adoptadas para reducir el llamado «costo argentino» y señaló que mantendrá el rumbo de liberar el comercio, aunque prometió que dicho proceso se llevará a cabo «cuando estén dadas las condiciones estructurales».
Recuperar la certidumbre
Tras su discurso, fue el turno de Daniel Funes de Rioja, titular de la UIA, quien se quejó de la fuerte presión tributaria que sufren los industriales; reclamó sobre la sanción de la reforma laboral y abogó por la necesidad de atraer nuevas inversiones e hizo especial mención a la apertura del comercio internacional que es un «camino fundamental para generar la competitividad de nuestros productos».
Para el titular de la UIA, «la Argentina debe volver a la certidumbre, a recrear la confianza sin una presión tributaria que frena la capacidad de desarrollo de la industria».
De hecho, las palabras de Funes de Rioja coinciden con informes sectoriales que evidencian que el nivel de actividad de este sector lleva 13 meses consecutivos de baja tras registrar un retroceso de 19,5% en agosto con respecto al mismo mes del año anterior.
Indicadores en caída
En el mismo sentido, un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), ilustra sobre la situación actual del sector en el transcurso de este año.
En el trabajo se asegura que la industria manufacturera representa una quinta parte del empleo registrado privado, con salarios que superan en un 15% la media del empleo registrado y manteniendo estándares de formalidad más altos que otras ramas de la economía; explicando más de la mitad de la inversión en investigación y desarrollo del sector privado y consolidándose como el principal impulsor de la innovación en el país.
En este sentido, se analizan los principales indicadores relativos al sector manufacturero, junto con una recopilación de casos testigos que dan cuenta de la situación crítica en la que se encuentra la industria local y el análisis del viraje ocurrido en las principales políticas dirigidas hacia la industria desde la asunción de Javier Milei.
Se señala que, entre noviembre de 2023 y mayo pasado, se perdieron 28.554 puestos de trabajo registrados (- 2,35%) y si se proyecta, con la Encuesta de Indicadores Laborales que elabora la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, el número asciende a 33.983 a junio pasado.
«La industria argentina enfrenta un deterioro severo, evidenciado por una caída interanual del 20,4% en junio de 2024, la peor del año según el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE)», advierte el paper del CEPA, en el cual también se menciona que la utilización de la capacidad instalada se redujo al 54,5%, niveles comparables a los de junio de 2020, durante la pandemia.
En cuanto a la producción industrial de las PyMES, el documento sostiene que se contrajo 17,8% en julio interanualmente, citando cifras publicadas por la CAME.
De ese modo, acumula seis meses consecutivos de retroceso, «lo que confirma que el sector industrial no encuentra un piso y aleja cualquier expectativa de recuperación a corto plazo», agrega el trabajo.
Cierres y paralización
Para los autores del trabajo del CEPA queda claro que la crisis de la industria durante la gestión de Milei se refleja en el cierre y suspensión de actividades de diversas actividades manufactureras como el metalúrgico, textil, alimenticio, transporte, papelero, materiales de construcción y químico.
En el trabajo se mencionan, a modo de ejemplos, casos de empresas como Talleres Belgrano; Textilcom; Canale; El Miguelito; Imperial Cord, y MAR Maquinarias, «que han cerrado sus plantas, exponiendo la falta de medidas efectivas para proteger y revitalizar la industria nacional».
De igual modo, se advierte sobre un supuesto «sesgo anti industrial» en las políticas del Gobierno y se enumeran los aumentos de tarifas de luz y gas con impacto en talleres y pequeñas industrias y la suba de costos a través del Impuesto PAIS.
En el mismo sentido, se critica la derogación Ley de Compre Nacional (DNU 70/2023), que establecía una política de Aportes No Reembolsables (ANR), destinado a empresas que abastecen a sectores estratégicos de la industria.
También, la eliminación o baja de aranceles de importación, incluyendo la eliminación de la política de Licencias Automáticas y No Automáticas y el Decreto 384/2024 de la Secretaría de Comercio con baja de aranceles de importación para productos de línea blanca como heladeras y lavarropas (del 35% al 20%), a los que se le suman los neumáticos (35% a 16%) e insumos plásticos (12,6% a 6%).
Cambios negativos
Otro dato que el trabajo de CEPA cuestiona es la apertura en la industria del acero a partir del pasado 30 de agosto, cuando la Secretaría de Industria y Comercio modificó el reglamento técnico (RT) de este insumo «para simplificar y bajar los costos de importación», acompañada de desregulación absoluta, lo que implica posible impacto negativo en puestos de trabajo sectoriales.
De igual modo, hace mención del daño causado por la habilitación a la obra civil en el cómputo del 20% de proveedores locales para proyectos de RIGI aprobados en Ley Bases, «lo cual significa la virtual eliminación del beneficio a las pymes».
La mención a cambios al régimen antidumping es negativa teniendo en cuenta que apunta a topear el porcentaje de los derechos aplicados a ciertas importaciones y establecer un plazo máximo del orden de los 18 meses para este tipo de medidas (el régimen establece hasta 5 años, renovables en determinadas condiciones).
Lo mismo ocurre con la eliminación de toda política de créditos productivos para la inversión en pymes, abandonando las líneas subsidiadas del Banco Nación y BICE, entre ellas la Línea de Proyectos Estratégicos con objetivo sustitutivo.
Para el trabajo de CEPA también es criticable que la Ley Bases habilite a que el Poder Ejecutivo avance con modificaciones y reestructuraciones en el objeto, organización interna y estructura de los organismos descentralizados (involucrando el pase a disponibilidad de su personal, en los casos de quedarse sin tareas), aun de aquellos que aparecen excluidos de su cierre, como es el caso del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).
El documento cuestiona el supuesto «des financiamiento de programas y áreas asociados a la política industrial» y asegura que, entre enero y julio, respecto del mismo periodo de 2023, la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo cayó en su ejecución real un 89%; el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) un 22% y la Comisión Nacional de Comercio Exterior otro 34%.
Por último, la entidad agrega que «la apuesta de Milei, a través del RIGI es promover enclaves extractivistas de cara a la exportación, reprimarizando la economía argentina y dejando en un segundo plano a la industria nacional».