Categoría: RRHH

Fuente: IProfesional – Se trata de un incremento del 17,6% para febrero. Cavalieri destacó el acuerdo con las cámaras del sector y adelantó que volverán a reunirse en semanas.

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (Udeca), firmaron hoy un acuerdo paritario mensual con un incremento del 17,6% para febrero, lo que lleva al salario básico a $658.000 con presentismo. Se acordó volver a negociar en el mes de marzo. 

Al respecto, Armando Cavalieri, secretario general de FAECYS, destacó: «En este contexto tan complejo, es imperativo asegurar acuerdos mensuales para ir garantizando una protección del salario frente al flagelo de la inflación y proteger los ingresos de los trabajadores. Seguiremos negociando mes a mes».

Suba de sueldo para empleados de comercio: básico de 658.000 pesos

El acuerdo salarial, que se firmó hoy en la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Capital Humano de la Nación, corresponde a la paritaria de Comercio que va de abril 2023 a marzo 2024.

Lo pactado tiene vigencia desde el 1° de febrero de 2024 y hasta el 31 de marzo de 2024, sin perjuicio de lo cual las partes se comprometieron a reunirse en el mes de marzo de 2024 para analizar las variaciones económicas que pudieran haber ocurrido. 

Se aclara que los incrementos del acuerdo en cuestión no son vinculantes para los acuerdos salariales que pudieran suscribirse en el ámbito de la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, sin perjuicio de que las sumas resultantes de los incrementos pactados constituyan el mínimo convencional vigente a partir de la homologación.

Cabe destacar que la presente revisión se da en el marco del compromiso de reunión durante el mes de febrero –a iniciativa de cualquiera de las partes– para analizar lo pactado en el acuerdo del pasado 26 de enero ante las variaciones económicas registradas desde entonces, previsto en la cláusula 5ta del mencionado entendimiento.

Con este aumento de sueldo, el básico para un empleado de comercio será de $658.000 con presentismo.

Empleados de Comercio logran aumento de sueldo para rama clave

Tras cerrar una mejora salarial para la rama general, la conducción de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) se abocó a discutir mejoras en otras actividades, como la de los call center, donde pactó con las cámaras del sector un incremento del 33 por ciento que se dividirá en dos tramos y se terminará de liquidar en marzo.

Los paritarios de los mercantiles, encabezados por su secretario General, Armando Cavalieri, se reunieron con los representantes de la Cámara Argentina de Centros de Contacto, en el marco del convenio colectivo de trabajo 781/20.

La Federación planteó que los ingresos aumentarán «en base de cálculo en un 11 por ciento remunerativo que se incorpora a las escalas básicas de enero y sobre estas se da un aumento salarial de un 20 por ciento no remunerativo que se cobrará por los meses de enero, febrero y marzo 2024».

Fuente: Cronista – Vivimos una época en la historia de innovaciones constantes, de avances tecnológicos que al tiempo de ser descubiertos son también mejorados a una velocidad asombrosa. Al unísono, estos desarrollos también destacan por su rápida adaptación a los sistemas productivos, como ocurre con la inteligencia artificial, entre otros recursos, que cada día que pasa son más las empresas que las incorporan en todo tipo de sectores.

En ese contexto, la industria viene trabajando en dicha adaptación para modernizar todos los procesos productivos. Hacerlo gradualmente, y con cierta estabilidad económica, es una garantía de éxito para cualquier PyME. Por eso, en todo el universo de cambios, no se pueden dejar afuera las cuestiones que atañen al trabajador. La legislación laboral tiene un rol clave en las novedades que el trabajo nos trae en este Siglo XXI, para lograr mayor empleabilidad, mejores condiciones para el trabajador, mejor remuneración y que se encuentre registrado, algo que no viene sucediendo en los últimos años.

En Argentina hace más de 12 años que no aumentamos el empleo formal registrado en el sector privado. Nos encontramos en 6.400.000 trabajadores, y según la última encuesta realizada por la UIA en el mes de diciembre del 2023, el 15% de las empresas PyME encuestadas redujo su dotación de personal, frente a un 11% que lo incrementó. Cada vez que recorremos una PyME nos enfrentamos a los daños que provoca la falta de actualización normativa. Habiendo empresas con posibilidades de tomar nuevos colaboradores y de ampliar los equipos, no lo hacen por el temor que genera en los empleadores la industria del juicio y la falta de certeza.

Es innegable que se necesita repensar el sistema educativo, que no está orientado hacia el trabajo, las formas de contratación y de registro del personal, los derechos y obligaciones tanto de empleados como empleadores, la burocracia eterna para vincular y desvincular trabajadores, la industria del juicio y los excesos en el derecho a huelga. La actual legislación laboral, que no ayuda a la creación de nuevos empleos de calidad, debe ser modernizada y adaptada a los tiempos que corren, beneficiando al trabajador y a quien genera empleo.

En los últimos días, se puso de manifiesto nuevamente el debate por el DNU emitido por el Presidente de la Nación, Javier Milei. El Decreto enuncia una serie de reformas y derogaciones que cambian sustancialmente las relaciones laborales. La iniciativa modifica desde el período de prueba hasta el derecho a huelga entre otras cuestiones.

Si logramos acordar en estos puntos vamos a conseguir la tan ansiada y necesaria ‘modernización laboral’ de la que mucho se ha hablado, pero que poco hemos hecho. Esto abre una oportunidad para debatir en profundidad cómo deben ser las relaciones laborales en estos nuevos tiempos donde la tecnología y la posibilidad del trabajo remoto transformaron el modo de producir bienes y servicios.

El tiempo no para, no espera, es nuestra la decisión de acompañar los hechos históricos o entrar en un espiral de egoísmos ideológicos y políticos. Podemos tener distintas miradas sobre una misma cuestión, pero negar los hechos no hace más que confinarnos a un eterno conflicto sin sentido. Mientras tanto, el tiempo pasa y no generamos oportunidades de trabajo para los jóvenes argentinos.

Debemos construir relaciones laborales, donde el sector privado pueda contratar colaboradores en las mejores condiciones y que, además, puedan aprender, capacitarse y crecer en las empresas. Por ejemplo, establecer fondos de cese laboral, seguros y nuevos instrumentos compensatorios ante la finalización del contrato laboral. Los trabajadores son claves en las cadenas de valor que logran ser exitosas, productivas y competitivas, por eso hay que adaptar el régimen de empleo, cuidando los derechos de los trabajadores y evitando abusos de cualquiera de las partes.

Estamos en la obligación de modernizar la normativa, adaptarla y establecer nuevas regulaciones para encontrar un camino de relacionamiento con un claro incentivo a la generación de empleo.Establecer un marco normativo que revierta la informalidad y genere seguridad jurídica es lo único que nos va a permitir escapar a esta situación que empobrece cada vez más a los argentinos.

Fuente: IProfesional – ¿Cuáles son los puestos más buscados en la Argentina pero que más cuesta llenar por falta de talento calificado? Un informe de ManpowerGroup.

ManpowerGroup Argentina, compañía líder en soluciones de capital humano, lanzó su Encuesta Global de Escasez de Talento, realizada a más de 40.000 empleadores de 40 países. Los resultados demuestran que el 76% de los empleadores argentinos tiene inconvenientes para encontrar los candidatos que necesita.

Aunque la cifra ha experimentado una disminución de dos puntos porcentuales en comparación con el año anterior, aún se mantiene como una de las más elevadas de la última década.

Este valor ubica al país en el cuarto puesto del ranking regional, el cual está conformado por: Canadá (80%), Brasil (80%), Puerto Rico (78%), Argentina (76%), Guatemala (71%), Estados Unidos (70%), Costa Rica (70%), México (68%), Colombia (66%), Perú (65%) y Panamá (65%).

A su vez, el promedio global de dificultad de las empresas para encontrar talento en 2023 es 75%, siendo Japón (85%) el que reporta las mayores dificultades.

Puestos de trabajo más difíciles de cubrir

De acuerdo con la investigación, los cinco puestos más difíciles de cubrir son:

• IT y Análisis de Datos,
• Ingeniería,
• Operaciones y Logística,
• Atención al Cliente
• y Ventas y Marketing.

IT y análisis de datos son algunos de los puestos más difíciles de cubrir según ManpowerGroup

Teniendo en cuenta este panorama, la encuesta revela cómo están enfrentando las organizaciones la escasez de talento:

• 48% con flexibilidad en cuándo o donde trabajan los empleados
• 26% con aumento de salarios, buscando nuevos grupos de talentos o aferrándose a ellos cuando no es absolutamente necesario
• 20% priorizando la automatización de tareas o procesos seleccionados
• 19% reduciendo los requisitos de calificación u otorgando un bono de aceptación de puesto de trabajo
• 18% contratando candidatos internacionales.

«Aunque la cifra muestra una ligera disminución respecto al año anterior, el 76% de empleadores argentinos aún tiene grandes dificultades para encontrar talento cualificado», indica Luis Guastini, Director General y Presidente de ManpowerGroup Argentina y Director de Talent Solutions para Latinoamérica.

Y agregó: «En este contexto, resulta fundamental invertir en el desarrollo de habilidades y en la formación de profesionales que se adapten a las demandas del mercado laboral actual».

Fuente: Infobae – La idea es que contribuya a generar empleo en blanco y absorber la nueva oferta de los jóvenes que se incorporan al mercado. Ideas y reglas para su aplicación.

La reforma laboral incluida en el Decreto 70/2023 (DNU) no es satisfactoria. La ampliación del período de prueba no es más que maquillaje. Una verdadera reforma laboral que contribuya a generar empleo en blanco y absorber la nueva oferta de los jóvenes que se incorporan al mercado laboral tiene que pasar por las pequeñas y medianas empresas.

Las empresas corporativas tienen Gerencia de Recursos Humanos y presupuesto de capacitación, contratan selectores de personal, tienen previsiones para despidos; es decir, no tiene sentido extenderles el período de prueba, ya tienen su estructura adaptada al sistema actual.

En cambio, las PyMES son otra realidad. No tienen a nadie en Recursos Humanos, sino que es el dueño quien contrata personal. No tienen presupuesto de capacitación, sino que los que se incorporan “aprenden trabajando”. El trabajo de selección de personal es totalmente precario. Y fundamentalmente, pagar una indemnización puede afectar la rentabilidad de la empresa y, en algunos casos, puede comprometer su continuidad.

Es en las PyMES donde ocurre que algunos dueños toman el riesgo de tener personal sin contrato formal. Esto no ocurre en las grandes empresas. Si bien hay algunas PyMES, medianas y grandes, que pueden tener un par de personas en “recursos humanos”, estos no pueden abarcar todas la funciones como en una empresa corporativa.

Por esto, una reforma laboral que pretenda incorporar personal al mercado laboral formal debe ser exclusiva para PyMES y solo se necesitan dos reformas muy puntuales:

• La primera de ellas es la inclusión del “artículo 245 ter” en la LCT (Ley 20744) el cual se aplica exclusivamente para empresas PyMES (con Certificado MiPyME), las cuales quedan habilitadas para contratar personal efectivo, sin la obligación del pago de indemnización en el caso de despido, a partir de la vigencia de este artículo.

Esta contratación tiene algunas reglas que deben ser cumplidas. En primer lugar, no se puede tener más del 30% del personal bajo este artículo. O sea que, si una empresa tiene 10 empleados, puede incorporar hasta 3 empleados (totalizando 13 empleados) bajo este régimen. Si quisiera incorporar un decimocuarto empleado bajo este régimen, tendría que pasar al régimen de indemnización a algunos de los 3 nuevos empleados. Aclaración: una empresa nueva podría contratar todo el personal inicial bajo este nuevo régimen, pero al tercer año ya tendría que cumplir la regla del 30%.

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En segundo lugar, este régimen debería tener un vencimiento a los dos años de entrada en vigencia, con una posibilidad de prórroga por dos años más, sujeto al cumplimiento de alguna meta de crecimiento del empleo por el nuevo régimen. Por ejemplo, 200.000 nuevos empleos en dos años. En tercer lugar, no debería haber ninguna disminución de aportes y contribuciones en este nuevo régimen, ya que uno de sus objetivos es el de mejorar la recaudación del régimen jubilatorio.

Este nuevo régimen disminuiría notablemente el riesgo de quiebra de las PyMES más pequeñas y bajaría el costo de las PyMES que contratan personal temporario por agencias.

• La segunda reforma, más importante todavía, apunta a las PyMES más pequeñas y es importante para su crecimiento. Esta reforma consiste en cambiar el Inciso a) del Artículo 45 de la Ley Nº 23.551, estableciendo en 25 el número mínimo de trabajadores para que la empresa tenga la obligación de incorporar un delegado sindical.

La incorporación de un delegado sindical es un hecho traumático para una pequeña PyME, por lo cual muchas evitan la incorporación de nuevo personal para no pasarse de 10 empleados (límite actual), otorgando horas extras al personal, tomando personal no registrado, tercerizando tareas o evitando decisiones de crecer.

Fuente: Ámbito – La entidad se dio a conocer el sábado gracias a un comunicado de la Oficina del Presidente, en su cuenta de X. Agrupa a empresarios pyme, productores, ingenieros y emprendedores, entre otros profesionales a favor de la flexibilización en el mercado de trabajo.

La aparición del comité de Pymes, Emprendedores y Productores (PEP) durante este fin de semana reubicó el debate sobre la reforma laboral en el centro de la escena. En un contexto donde la Justicia desestimó el capítulo IV del DNU referido al tema, la agrupación integrada por más de 2000 pymes, ratifica que la propuesta es “sin dudas, extraordinaria”. Hay miradas contrapuestas del pequeño y mediano empresariado, frente a la necesidad de introducir cambios en la materia.

“Sin industria del juicio, con condiciones justas de contratación y condenando expresamente los bloqueos de las mafias se dan las condiciones necesarias para la inversión y la creación de trabajo genuino”, sintetiza el comunicado de la entidad, que fue destacado el sábado por el Gobierno a través de un comunicado oficial. El Comité se consolidó para “abogar por un marco regulatorio más flexible y adaptado” a las necesidades del sector.

Según un memo que PEP realizó, la reforma es “sin dudas, extraordinaria” por los siguientes puntos: no admite dependencia laboral, establece un período de prueba de ocho meses, liberaliza formas de pago, elimina y reduce costos de despido, quita el régimen de viajante de comercio, limita la actualización de créditos laborales y prohíbe bloqueos e incorporación de colaboradores para trabajadores independientes.

Distintas miradas sobre la reforma laboral

En diálogo con Ámbito, desde PEP cuentan cómo fue gestándose la organización. Gustavo Lazzari, economista liberal, fue quién propuso el 22 de diciembre en el encuentro anual del Movimiento Empresarial Anti Bloqueo (MEAB) la necesidad de plantear de forma coordinada las “bondades de la reforma”. Para tal fin, convocó a Rodolfo Llanos, presidente de la Unión de Emprendedores y a Alejandra Vada Vázquez, directora de Lácteos VIDAL.

Los tres fueron expandiendo la iniciativa a través de WhatsApp, compartiendo la invitación a unirse y generando encuentros con diputados, senadores -como el de la UCR, que los recibió casi de forma completa- y jueces de la cámara de feria del fuero laboral para “expresar el apoyo a las desregulaciones propuestas por el Gobierno y la urgencia para su implementación». El apoyo oficial más la reciente creación del dominio web de la página de la entidad y sus redes sociales generaron desconfianza respecto de la independencia de la iniciativa. “El Gobierno ni se enteró, lo supo cuando estaba todo armado”, aseguran desde adentro.

Para Julián Moreno, titular de APYME, “siempre se puede modernizar” pero habría qué especificar en qué dirección. “Si por modernizar entendemos evolucionar, el objetivo debiera estar puesto en la mejora de las condiciones de vida de la población en general”. En ese sentido, sostiene que ese avance “no tendría que arrastrar a la informalidad a los que hoy trabajan de manera formal”.

Para el empresario, la reforma planteada por Milei provocará esto último. “Dado que el nivel de actividad se verá reducido por la estanflación, la reforma facilitará que parte de los empleadores amortigüen el efecto cargando sobre los derechos laborales, flexibilizando la jornada de trabajo, evitando las horas extras con el ‘banco de horas’ y aquellos que tengan pocos trabajadores, optar por ‘colaboradores’ sin derechos”, ejemplifica Moreno.

La propuesta de APYME, en cambio, tiene que ver con reconocer qué rubros no pueden sostener la actividad por un alto nivel de carga laboral y estudiar un mecanismo de subsidio, vía transferencia, de aquellos sectores “beneficiados por la automatización o que la relación empleo-producto sea muy baja”.

El economista especialista en desarrollo industrial Leandro Mora Alfonsín, pone el punto sobre un problema que destaca PEP: la litigiosidad laboral. Admite que existe un problema concreto en lo que respecta a la judicialización de vínculos laborales y que es necesaria la revisión de los convenios en un contexto de actualización tecnológica. Aún así, considera que las propuestas del DNU “exceden y por mucho lo que se necesita para regularizar la situación”. Por caso, resalta el artículo 58, que marcaría el fin de la doble indemnización a trabajadoras de casas particulares en caso de comprobación de relación informal. “No es lo mismo erosionar derechos de trabajadores que hacer cambios útiles”, advierte. Para repensar el mercado de trabajo, Alfonsín entiende que necesariamente requiere de un proceso tripartito: sindicatos, gremiales empresarias y Estado, un elemento que el DNU no propone.

De todos modos, la expansión del universo laboral no solo gira en torno al costo del trabajador, sino también en la creación de empresas y crecimiento de la actividad económica. Según un informe compartido a este diario por Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC), de los últimos siete períodos de Gobierno, solo en tres hubo crecimiento de pymes, y en cuatro se destruyeron. Así, destaca la asociación, que desde 2012, donde se alcanzó el pico de crecimiento de empresas (610.000), no se registraron más pymes en términos absolutos.

Como solución, ENAC plantea la creación de 10 mil nuevas pymes a lo largo de 10 años. Para tal fin, Leo Bilanski, su titular, resalta la necesidad de “simplificar y digitalizar al extremo la burocracia en las pymes”, considerando que el 85% de este universo mantiene menos de diez trabajadores. “La modernización tendría que haber sido progresiva hace dos años atrás. Ahora plantean un camino brutal”, concluye el representante de la entidad.

Fuente: Somos Pymes – Martín Castellet explica cómo afectan las medidas impulsadas por el Gobierno a la generación de empleo y el freno a los juicios por despidos.

En una entrevista con Somos Pymes Radio (La Red AM 910, domingos de 6 a 8 hs), Martín Castellet, titular de Castellet Legal Partners, se refirió a los efectos del mega DNU impulsado por el Gobierno nacional para salir de la crisis económica y su impacto en las relaciones laborales. Lee además

La semana pasada, la Sala de Feria de la Cámara Nacional del Trabajo dictó una nueva medida cautelar haciendo lugar al pedido de la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina (CTA), la cual frena las reformas laborales impulsadas por el DNU del presidente Javier Milei.

En el mismo sentido que lo hizo con el pedido previo de la CGT, el Tribunal dispuso la cautelar para frenar las reformas laborales “contenidas en su título IV Trabajo hasta tantos se dicte la resolución de fondo”.

Avance de la reforma laboral

«La Justicia no frenó toda la puesta en marcha del DNU del presidente Javier Milei, sólo la parte relacionada a la modernización laboral, por pedido de la CGT», mencionó Castellet en el programa que conduce Christian Dátola.

«Hay muchas normas del decreto que están pensadas para impulsar la actividad de las empresas privadas, entre las que se encuentra la modificación del período de pruebas de un empleado, que pasa de tres a ocho meses», describió el letrado.

«La ley sigue protegiendo al trabajador porque impide el abuso de ese período de prueba, guardando la reciprocidad entre el empresario y el empleado«, explicó en ese sentido.

Y resaltó: «También hay cambios en materia de indemnizaciones, ya que los bonos y los aguinaldos (SAC) no están contemplados en la liquidación, algo que beneficia al empresario a la hora de los costos de despedir a una persona».

«Hay un beneficio a la hora de desvincular un empleado sin justa causa», advirtió el experto.

El tratamiento legislativo del DNU de Javier Milei

Según Castellet, «si estos cambios son aprobados por el Parlamento no habría una afección al derecho del trabajador, porque la reforma laboral tiene toda una lógica en cuanto a bajar la onerosidad y el costo de tener un empleado en Argentina, desalentando la informalidad y la industria del juicio».

«Con esta ley, los empleadores van a poder dar bonos a sus trabajadores sin restricciones, como no existía hasta ahora, ya que no serían remunerativos a la hora del despido», ejemplificó.

«Otra cosa que deja sentado el DNU, es que las tasas de interés aplicadas sobre los créditos laborales -que antes eran muy elevadas- ahora van a estar en línea con el IPC del INDEC más un 3 por ciento de multa», puntualizó.

Y afirmó: «Esto significa una mejora porque pone un coto al aumento excesivo de los intereses ante los créditos en los juicios laborales».

«En los próximos 10 días se debería conformar la Comisión Bicameral del Congreso que trate el DNU y lo ratifique. Otra cosa que puede pasar es que los jueces fallen a favor del Poder Ejecutivo antes del tratamiento legislativo, aunque esta posibilidad es poco posible», anticipó.