Fuente: TN – En el sector dicen que los accidentes en el lugar de trabajo se redujeron en los últimos años, pero los litigios siguen en alza. Piden por la plena vigencia de la ley sancionada en 2017, que regula sobre las juntas médicas que evalúan la incapacidad.
En un contexto de reforma laboral, los industriales y las aseguradoras de riesgos de trabajo alertan por la suba de los juicios laborales, a pesar de la reducción de los accidentes de trabajo. Además, afirman que las indemnizaciones pueden costar hasta $100 millones y piden por la constitución de los cuerpos médicos que se establecieron por ley en 2017.
La entidad agregó que, según los datos relevados por la UART en agosto de este año, se informaron a las ART 13.750 juicios por accidentes en el trabajo. En los primeros ocho meses del año, en tanto, los reclamos totalizaron 81.709, es decir, más de 10.000 litigios mensuales.
“En comparación con otras naciones, el número de reclamos laborales por accidentes en nuestro país es llamativo. Chile tiene una siniestralidad por cada millón de trabajadores de 26,2, España de 30,6 y Argentina de 32,6. Pero, mientras Chile y España registran un índice de judicialidad de 5,8 y 9,5 respectivamente, en Argentina ese índice trepa a 114,2″, apuntó el comunicado de la UIA.
Algunas semanas atrás, en el primer Coloquio Anual del Centro de Investigaciones para el Desarrollo del Seguro (CIDeS), también se habló sobre el impacto de la litigiosidad en comparación con otros países. Mara Bettiol, presidente de UART, sostuvo: “No hay razones vinculadas al desempeño del sistema que justifiquen el volumen actual de ingreso de nuevos juicios, cercanos a la cantidad pre-reforma de 2017″, sancionada específicamente para disminuir las demandas.
Los datos del sector indican que en 2023 ingresaron 117.000 nuevos juicios, dato que contrasta con la caída del 80% en los fallecimientos y del 50% en los accidentes laborales.
Tanto para los empresarios como para el sector asegurador, la solución al incremento de las demandas pasa por la plena vigencia de la Ley de Riesgos de Trabajo 27.348 sancionada en 2017. “Esta norma, que aún no se aplica en todas las jurisdicciones provinciales, establece la conformación de cuerpos médicos forenses que intervengan en la evaluación del estado de salud del demandante”, explicó la UIA.
Desde la UART expresaron que hasta hoy solamente Mendoza puso en marcha esa normativa. La asociación indicó que procedimiento pericial que se prevé en la Ley 27.348 establece los profesionales sean elegidos por concurso, que los honorarios no estén relacionados con la sentencia y que usen una tabla de referencia incluida en la norma para medir las incapacidades.
Alerta por las indemnizaciones
Los industriales también alertaron por el aumento que pueden tener las indemnizaciones en la provincia de Buenos Aires, luego de que la Suprema Corte de Justicia bonaerense declarara inconstitucional la prohibición de actualización monetaria, indexación por precios, variación de costos o repotenciación de deudas a fin de disponer una “equitativa actualización” del crédito adeudado en una causa de daños y perjuicios.
Esta nueva doctrina alertó a las PyMEs porque es susceptible de ser aplicada a las demandas laborales. “Al utilizarse este nuevo modo de actualización, el monto de las indemnizaciones podría dispararse a límites exorbitantes. Fundamentalmente por los tiempos de la Justicia, juzgados desbordados de expedientes y poco personal dilatan los procesos judiciales. Así, con la dinámica inflacionaria, las cifras que debe afrontar la PyME pueden llegar a superar los $100 millones según los casos”, advirtió la UIA.
“Periódicamente, recibimos casos de PyMEs que nos piden asistencia legal porque se enfrentan a juicios por indemnizaciones impagables y se ven obligadas a cerrar sus puertas. Esa litigiosidad lo único que hace es atentar contra la generación de empleo, las pequeñas y medianas empresas lo piensan una y mil veces antes de contratar colaboradores”, sostuvo Martín Rappallini, titular de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA).
Bettiol coincidió e indicó que al problema de la cantidad de juicios, se suma el aumento del valor de los juicios por la aplicación de tasas de actualización inalcanzables e impredecibles, ya que en los diferentes tribunales del país se utilizan disímiles criterios para calcularlas.