Fuente: Clarín – Alimenticias y fabricantes de diversos rubros calculan el aumento de costos por el encarecimiento de las importaciones.
Entre las empresas adheridas a Precios Justos, la suba de importaciones cayó como un baldazo de hielo. Aunque los insumos y bienes intermedios vinculados a la canasta básica alimentaria no estarían alcanzados por el 7,5% del Impuesto País, en la industria de consumo masivo creen que sus costos subirán igual a partir de las nuevas medidas. Pero en rubros como zapatillas, electrodomésticos, indumentaria, calzado y motos, entre otros, cuyos precios vienen congelados desde fines de junio, analizan pedir una flexibilización en el régimen impuesto por la Secretaría de Comercio.
Unos y otros están con la calculadora en mano. «Estamos en un brete. Y en término de precios, atados de pies y manos«, dijo a Clarín una fuente calificada de una fábrica de bienes durables, alcanzado por el congelamiento. Aunque todavía están analizando el real impacto en el negocio del aumento a los importados, descuentan que «hay variables que indudablemente van a incidir, como el encarecimiento de los fletes».
Alimenticias y proveedores de artículos de consumo elemental aguardan a que el Gobierno defina exactamente los alcances de la norma. Por ejemplo, el significado del concepto de canasta básica alimentaria. «¿Esto es sólo alimentos y bebidas? ¿O también incluye a los productos de tocador y limpieza?», era uno de los interrogantes que sobrevolaba en esa industria.
Hay dos normas que modifican el panorama de las empresas. La generalización del Impuesto País al 25% para todos los servicios, salvo los fletes, que suben 7,5%. Y el alza del 7,5% para todos los bienes importados, con la excepción de aquellos vinculados a la producción de artículos masivos básicos. «Hay que ver qué entra finalmente, porque para producir alimentos se necesitan otra clase de insumos, como tornillos, repuestos, cartón y plásticos», se preguntan algunos.
Las empresas aguardan la reglamentación de las nuevas medidas para tomar posición. Desde la Secretaría de Comercio, que conduce Matías Tombolini, intentaron tranquilizar: señalan que desde el domingo «están trabajando» para definir las posiciones arancelarias vinculadas a «la canasta básica alimentaria». De todas maneras, desde una alimenticia razonaron que, en el mejor de los casos, el paquete de medidas «tendrá un impacto ineludible en los costos por el pago de servicios importados», como los de mantenimiento de líneas de producción, licencias de software y de puesta en marcha de máquinas importadas.
En el otro extremo están los fabricantes de bienes durables y semidurables (muy dependientes de los insumos importados), impulsados a congelar los precios hasta el 15 de agosto. Se trata de un amplio abanico de productos, desde ropa hasta electrodomésticos. «Lo primero es entender la implementación: a partir de cuándo es, cuándo entra en efecto, si esto genera más cupos de importación, si esto afecta a productos terminados o componentes, y si afecta a todos los rangos de precios», tomaron distancia desde una compañía muy relevante del mercado.
A fines de junio, estas empresas fueron convocadas por Tombolini para adherir a una nueva versión de Precios Justos, que estableció un cambio drástico en los acuerdos firmados previamente. Ocurre que en la edición anterior del programa, que entró en vigencia en marzo, establecía una suba mensual tope de 3,2% a una gama muy variada de productos (celulares, lavarropas, textiles, zapatos y motos, entre otros). En su lugar, exigió (a cambio de autorizar importaciones) planchar todos los precios hasta dos días después de las PASO.
Con la suba del Impuesto País, las empresas entraron en modo deliberativo. Consultadas por Clarín, varias de ellas eludieron las definiciones tajantes. «Todavía no entendemos bien la medida y la forma en que se aplicará, pero por lo que hemos averiguado es que hay un traslado de aproximadamente un 6% a los precios al consumidor final«, calculó un alto ejecutivo de una multinacional. Esto sobre un precio planchado desde hace al menos 25 días, en un contexto de alta inflación.
Nadie está a salvo, ni siquiera los fabricantes de electrónicos radicados en el extremo sur del país. Según lo publicado en el Boletín Oficial, «la percepción (la generalización del Impuesto País) se aplica sobre todas las importaciones, incluidas los ingresos a Zona Franca y Area Aduanera Especial de Tierra del Fuego».
Muchas compañías de diferentes rubros todavía no terminan de digerir un congelamiento supeditado a los permisos para importar, pero que oficialmente fue presentado como un «acuerdo voluntario». En una cámara sectorial confiaron a este diario que no descartaban reclamar a Comercio alguna fórmula que les permita al menos trasladar a precios los mayores costos de la devaluación encubierta.
Entre los numerosos interrogantes y temores que subsisten, destaca la eventual retroactividad del alza de las importaciones, es decir sobre las deudas contraídas a 180 días para cancelar pagos en el exterior. Se estima que las empresas en conjunto adeudan, por exigencia del Banco Central, unos US$ 12.000 millones. «Ya se hizo en otras oportunidades», conjeturan en el sector privado. Si esto se concreta, la deuda en pesos saldría 7,5% más alta de la que tenían prevista.